Acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos genera cautela y cuestionamientos de expertos

El reciente acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos, orientado a explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, ha generado cautela entre analistas económicos y fuertes reparos en la oposición venezolana. El convenio abarca el desarrollo de 17 campos con reservas estimadas en 65,000 millones de barriles a lo largo de un período de 25 años, en medio de dudas sobre la infraestructura existente y el marco legal que respaldará las operaciones.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el proyecto busca elevar la extracción local por encima de los 1.5 millones de barriles diarios frente a los 1.2 millones que se producen actualmente. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, indicó que la iniciativa permitirá duplicar las reservas estratégicas de su país, reducidas tras el conflicto con Irán, en el marco de una proyección de inversiones que las autoridades estiman en más de 100,000 millones de dólares.

Sin embargo, especialistas del sector advierten que tales montos constituyen metas ambiciosas y no compromisos de capital formalmente desembolsados. El economista Asdrúbal Oliveros señaló que persisten interrogantes sobre la arquitectura contractual, las garantías jurídicas y el régimen fiscal, al tiempo que advirtió sobre los riesgos derivados de concesiones extensas sujetas a la estabilidad política entre Caracas y Washington. En el ámbito político, figuras como Ricardo Hausmann y la dirigente María Corina Machado calificaron el pacto de inconstitucional al cuestionar la legitimidad del gobierno venezolano.

La ejecución de los 17 campos asignados recaerá sobre la compañía North American Blue Energy Partners, entidad donde el Departamento de Defensa estadounidense mantiene una participación accionaria del 35 %. La designación de esta empresa, dirigida por el empresario Alejandro Betancourt, ha despertado inquietud por la concentración del manejo productivo, aunque desde la Casa Blanca se indicó que Washington cuenta con poder de veto sobre los nombramientos de su directiva, la cual deberá estar integrada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses.